Culiacán, Sinaloa a 01 de Mayo de 2026.- Un amplio frente de agrupaciones ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil en Sinaloa elevaron este jueves un urgente llamado a las autoridades federales y organismos internacionales para que las indagatorias relacionadas con presuntos actos de corrupción y posibles conexiones con estructuras criminales se realicen respetando escrupulosamente el estado de derecho, la autonomía institucional, la equidad en los procedimientos y todas las garantías del debido proceso.
A través de un pronunciamiento emitido de forma conjunta, estas organizaciones enfatizaron que los gobiernos mexicanos tienen la responsabilidad legal y moral de investigar, aclarar y, cuando corresponda, aplicar castigos a estos ilícitos
«sin dilaciones ni consideraciones políticas»
Las agrupaciones también hicieron hincapié en garantizar que la población tenga acceso pleno a la verdad mediante procedimientos públicos, información accesible y comunicación clara de las instituciones.
El comunicado alertó sobre deficiencias sistemáticas en los controles internos, mecanismos de fiscalización y auditoría que permiten la penetración de intereses ilegales en la toma de decisiones públicas. Las organizaciones advirtieron que esta situación refleja la urgencia de reforzar significativamente estos mecanismos y garantizar que los organismos anticorrupción funcionen realmente de manera autónoma.
Causa particular preocupación entre los firmantes que investigaciones de esta envergadura tengan que originarse en jurisdicciones extranjeras, lo que evidencia, según su análisis, profundas limitaciones estructurales del Estado mexicano para sancionar la corrupción de nivel superior. Señalaron que la administración de justicia no debe depender de autoridades externas, sino de instituciones nacionales dotadas de verdadera independencia, rigor técnico y decisión política genuina.
En el documento se destaca que tanto quienes han padecido la violencia en Sinaloa como el conjunto de la sociedad tienen derecho fundamental a habitar en una región donde las normas se apliquen sin excepciones y donde quienes detentan poder estén genuinamente sujetos a fiscalización efectiva.
Las organizaciones consideran que la recuperación de la confianza en las instituciones públicas requiere necesariamente de un fortalecimiento decidido del Estado de derecho, la eliminación de la impunidad y un combate sin tregua a la corrupción, particularmente aquella que mantiene vínculos con redes del tráfico de drogas.
El documento cierra con un exhorto a todos los organismos competentes para que resuelvan conforme a derecho y en el menor tiempo posible los cargos penales presentados desde Estados Unidos, ratificando que
«sin justicia no hay paz y sin rendición de cuentas no hay democracia posible»
La iniciativa fue respaldada por instituciones como ReCIAS, Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex, CPC Sinaloa, No se metan con Nuestras Hijas, Tacuichamona y Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, sumándose además decenas de ciudadanos que adhirieron a título personal.
En los últimos años, Sinaloa ha confrontado desafíos significativos en seguridad pública, instituciones transparentes y mecanismos de responsabilidad gubernamental, incrementando la presión social para fortalecer las dependencias encargadas del combate a la corrupción. Especialistas y grupos ciudadanos coinciden en que la confianza pública depende fundamentalmente de investigaciones rigurosas, autónomas y oportuna. Casos de alto impacto, especialmente aquellos asociados con redes criminales del narcotráfico, generan consecuencias directas en cómo la ciudadanía percibe la justicia y la gobernanza en toda la región.
