Culiacán, Sinaloa a 03 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Sinaloa se prepara para marcar un hito en materia de justicia social con la aprobación de un dictamen que permitirá acceder a pruebas de análisis genético de paternidad sin costo alguno en los hospitales y laboratorios públicos de la entidad.
La iniciativa contempla modificaciones tanto al Código Familiar como a la Ley de Salud estatal, con el objetivo de derribar los obstáculos económicos que han limitado el acceso a estos estudios durante años. Actualmente, el costo de una prueba de ADN en México fluctúa entre 4 mil a 10 mil pesos, cantidad que resulta inalcanzable para numerosas familias en municipios como Culiacán, Mazatlán y Ahome.
Conforme explicó el diputado Ambrocio Chávez Chávez, esta reforma responde a una demanda urgente de la sociedad, particularmente en contextos de vulnerabilidad económica. El dictamen impulsado por la Comisión de Salud del Congreso reconoce que la prueba de ADN debe considerarse como un derecho fundamental, no como un beneficio condicionado a requisitos socioeconómicos previos.
El argumento es contundente: en México, el 48 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres, y existe una brecha salarial superior a 12 mil pesos en términos trimestrales entre hombres y mujeres. Este panorama evidencia la necesidad de políticas públicas que protejan a miles de madres que enfrentan solas la crianza sin respaldo legal del progenitor.
Durante el ejercicio judicial de 2024, Sinaloa registró 80 casos de investigación de paternidad, de los cuales apenas 33 fueron concluidos, representando solo el 41.25 por ciento. La carencia de recursos para costear una prueba genética ha sido identificada como uno de los principales factores generadores de rezago en los procesos judiciales, afectando directamente a la niñez sinaloense.
"El interés superior de la niñez se coloca en el centro de esta reforma, permitiendo a niñas, niños y adolescentes acceder a derechos fundamentales como la identidad, la pensión alimenticia y la seguridad social"
De aprobarse el dictamen ante el Pleno legislativo, la Secretaría de Salud de Sinaloa tendrá la responsabilidad de garantizar la infraestructura necesaria para realizar los estudios de manera gratuita. El Poder Ejecutivo estatal deberá designar la dependencia encargada de absorber los gastos cuando estos sean ordenados por autoridades judiciales.
Una disposición de especial relevancia es que, en caso de que el presunto padre se rehúse a realizarse la prueba, la ley presumirá automáticamente la paternidad. Esta medida agilizará los procesos judiciales y evitará tácticas dilatorias que afecten el acceso a la justicia.
La implementación de esta política pública requiere una inversión inicial de 625 mil pesos para equipamiento de laboratorios, además de un costo mensual de 140 mil pesos destinado al personal especializado. Las autoridades del Congreso estatal consideran que este desembolso es mínimo comparado con el impacto social que generará.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". Una vez publicado, la Secretaría de Salud dispondrá de 60 días hábiles para dar a conocer el listado de instituciones donde se realizarán las pruebas de manera gratuita.
Un aspecto relevante de la iniciativa es su alcance equitativo. El beneficio no se limita a mujeres, sino que también abarca a hombres que busquen el reconocimiento de filiación, garantizando así igualdad de acceso a la justicia en todo el estado.
Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente el 33 por ciento de las madres en México viven sin pareja. En este grupo, el 10.4 por ciento se identifica como madre soltera y el 7.5 por ciento como separada. En los registros de nacimientos más recientes, más del 15 por ciento de las madres declararon estar solteras al momento de registrar a sus hijos, subrayando la prevalencia de mujeres que asumen la crianza de forma individual.
Esta medida se suma a los esfuerzos del Congreso del Estado por fortalecer el acceso a derechos básicos y reducir la desigualdad económica en la población sinaloense, especialmente en comunidades con altos índices de marginación.
