Culiacán, Sinaloa a 5 de mayo de 2026.- Durante una comparecencia en la Novena Zona Militar, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció precisiones respecto a la condición jurídica de Rubén Rocha Moya tras su reciente separación del cargo de gobernador de Sinaloa. El funcionario federal señaló que al haber solicitado licencia temporal, el exmandatario ha perdido su fuero constitucional, quedando en una posición legal vulnerable ante posibles procesos judiciales.
García Harfuch explicó que esta pérdida de inmunidad procesal contrasta con la situación de otros funcionarios públicos señalados en investigaciones similares, como el senador Enrique Inzunza, quien mantiene sus prerrogativas al permanecer en funciones. La aclaración surgió en el contexto de una indagatoria iniciada a partir de información remitida desde Washington a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Respecto a la ubicación del exgobernador, el secretario informó que conforme al conocimiento del gabinete de seguridad, Rocha Moya permanece en territorio sinaloense. Detalló además que cuenta con un dispositivo de protección integrado por elementos del Servicio de Protección a Cargo del Estado, asignación que no fue solicitada por el propio exmandatario sino recomendada por las autoridades federales tras una evaluación de riesgos en la región.
García Harfuch precisó que se trata de un operativo discreto conformado por pocos elementos, medida que describió como frecuente para ex servidores públicos en entidades donde se han registrado eventos violentos. Aclaró, sin embargo, que no existe registro de amenazas directas ni indicios concretos de un posible atentado contra su integridad física.
La investigación oficial que enfrenta Rocha Moya contempla tanto acusaciones directas en su contra como posibles procedimientos de decomiso de bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas. El secretario subrayó que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar con precisión la situación legal de los involucrados y evaluar si existe evidencia suficiente para ejercer acción penal, enfatizando que la institución ya ha comenzado a informar públicamente sobre este proceso.
«Será la propia FGR la encargada de determinar con exactitud cuál es la situación legal de los implicados y si existen elementos de prueba suficientes»
Las declaraciones del funcionario federal representan un paso más en la complicada situación que enfrenta el exgobernador sinaloense desde que comenzaron a circular reportes sobre su posible implicación en actividades relacionadas con el crimen organizado. La pérdida de fuero marca un punto de quiebre importante en su posición legal, dejándolo expuesto a procedimientos que de otro modo habrían requerido una serie de pasos preliminares adicionales.
