Culiacán, Sinaloa a 3 de mayo de 2026.- El mandatario estatal que actualmente se encuentra en situación de licencia, Rubén Rocha Moya, conserva íntegramente su protección constitucional, debido a que hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha elevado ante el Congreso local ninguna petición formal para iniciar procedimiento de desafuero. Así lo confirmó María Teresa Guerra Ochoa, coordinadora de la Junta de Coordinación Política en la legislatura sinaloense.
De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, el mecanismo para remover la protección constitucional de un funcionario requiere de un procedimiento específico. Recordó el ejemplo de Gerardo Vargas Landeros, exedil de Ahome, para ilustrar cómo funciona legalmente este trámite en el estado.
Guerra Ochoa detalló que la extinción del fuero no ocurre de manera automática, sino que depende fundamentalmente de que exista una investigación robusta y que posteriormente la institución federal presente formalmente ante el Congreso de Sinaloa la solicitud correspondiente. Enfatizó que hasta este momento no ha existido comunicación oficial alguna en ese sentido.
"El desafuero no es automático, ya que primero debe existir una investigación sólida. Posteriormente, la FGR tendría que solicitar la declaratoria de procedencia al Congreso de Sinaloa"
La coordinadora de la Jucopo aclaró que disponer de protección constitucional no impide que se realicen investigaciones en contra de servidores públicos. Al contrario, señaló que este mecanismo requiere contar con pruebas suficientes antes de proceder con imputaciones formales.
Respecto al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, Guerra Ochoa indicó que cualquier decisión relacionada con su eventual separación corresponde exclusivamente a Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado, conforme a los procedimientos internos establecidos.
En relación con la posibilidad de que Rocha Moya regrese a sus funciones como gobernador, la legisladora fue prudente en sus comentarios.
"Eso no lo sabemos, no podemos adelantar ni podemos hacer conjeturas"
expresó, señalando que su eventual retorno dependerá de la duración del proceso investigativo y de los resultados que este arroje.
Guerra Ochoa resaltó que la decisión tomada por el gobernador con licencia de separarse temporalmente del cargo fortalece el estado de derecho en la entidad, permitiendo que las investigaciones se desarrollen sin injerencia del Poder Ejecutivo local. Reconoció que aunque Sinaloa enfrenta un contexto complejo en materia de seguridad que se ha venido agravando desde septiembre de 2024, esta medida envía un mensaje institucional relevante.
La presidenta de la Jucopo destacó que el Congreso del Estado actuó con celeridad para autorizar la licencia y designar gobernadora interina, un hecho sin precedentes en la historia política de Sinaloa.
"Es histórico el hecho, creo que estamos ante un acontecimiento sin precedentes. Seguramente para bien, porque con estatura política se está respondiendo tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo"
puntualizó.
Desde la bancada de Morena, Guerra Ochoa defendió la acción del gobernador licenciado, describiéndola como una medida orientada a garantizar investigaciones imparciales. Asimismo, enfatizó la relevancia de mantener la soberanía nacional frente a posibles presiones externas, recordando que México ha enfrentado históricamente amenazas de interferencia extranjera.
Según información proporcionada, la Fiscalía General de la República comunicó el pasado primero de mayo que requiere recabar más información y elementos probatorios antes de determinar cualquier situación legal respecto al caso. Esto significa que la investigación continúa en proceso.
Guerra Ochoa subrayó que la presunción de inocencia constituye un principio constitucional que debe respetarse para cualquier ciudadano y servidor público. Reiteró que el asunto no puede considerarse concluido mientras la fiscalía continúa recopilando elementos de prueba.
Por su parte, la diputada Juana Minerva Vázquez González, también perteneciente a Morena, defendió a Rocha Moya enfatizando que las pruebas deben revisarse respetando escrupulosamente el debido proceso. Llamó a los sinaloenses a cerrar filas en defensa de la soberanía y la justicia nacional.
En cuanto a la alcaldía de Culiacán, Guerra Ochoa explicó que corresponde al Cabildo municipal designar al funcionario interino que substituya a Juan de Dios Gámez Mendívil, conforme a la Ley Orgánica Municipal. El Congreso del Estado solo intervendría en caso de una sustitución definitiva, condición que no aplica actualmente.
La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a finales de abril de 2026, fue el detonante de la solicitud de licencia. El documento de treinta y cuatro páginas señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente proteger y facilitar operaciones de una facción del Cártel de Sinaloa. Estas imputaciones internacionales originaron que la FGR iniciara su propia carpeta de investigación en territorio nacional.
