Culiacán, Sinaloa a 30 de abril de 2026.- Una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desatado una profunda crisis política en México, colocando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de una controversia internacional sin precedentes. La imputación, formalizada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, incluye señalamientos contra diez funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador electo Enrique Inzunza Cázarez.
El gobernador respondió con firmeza a los señalamientos, descartando cualquier vinculación con actividades ilícitas. Durante un evento público, Rocha Moya reiteró que no ha recibido notificaciones oficiales por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas y enfatizó que continuará desempeñando sus funciones sin interrupciones.
«El que nada debe, nada teme»
, expresó el mandatario, rechazando además la idea de solicitar licencia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estableció una posición clara durante sus conferencias matutinas. La mandataria aseguró que su gobierno actuará únicamente con pruebas contundentes e irrefutables, advirtiendo sobre posibles motivaciones políticas detrás de las acusaciones. Sheinbaum citó el precedente del caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue liberado tras determinarse que las pruebas estadounidenses eran insuficientes.
Desde el ámbito legislativo, las reacciones fueron diversas y polarizadas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió mantener la calma y esperar el análisis de la Fiscalía General de la República, argumentando que sin pruebas contundentes se trata de un asunto político. En contraste, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y Gámez Mendívil.
El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, anunció intenciones aún más radicales. Su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, declaró que solicitará formalmente la cancelación del registro de Morena como partido político, argumentando que existen elementos que vinculan al movimiento oficialista con estructuras del crimen organizado. El PAN, a su vez, planteó la posible desaparición de poderes en Sinaloa.
En el ámbito estatal, la respuesta ha sido mayoritariamente de apoyo al gobernador. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, confirmó que no existe ninguna solicitud de desafuero o juicio político en trámite, subrayando que las acusaciones estadounidenses carecen de los requisitos legales necesarios para iniciar procesos en territorio mexicano.
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local rechazó la solicitud de extradición, señalando inconsistencias en la documentación y cuestionando su falta de sustento jurídico. Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno de Sinaloa, expresó su respaldo institucional al gobernador, calificando los señalamientos como infundados.
La acusación norteamericana incorpora señalamientos detallados sobre presuntos esquemas de corrupción estructural en Sinaloa. De acuerdo con documentos judiciales, se alega que recursos oficiales de seguridad fueron utilizados para facilitar tráfico de drogas, incluyendo el uso de patrullas y sistemas de radiocomunicación para transportar cargamentos de fentanilo y metanfetamina.
Entre los funcionarios señalados figura Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de filtrar información estratégica a la facción conocida como «Los Chapitos». También aparecen imputaciones contra Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa, por presuntamente alertar al cartel sobre operativos coordinados con la DEA.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se encuentra en el centro de investigaciones por su papel en la gestión de recursos públicos durante el período señalado. Juan Valenzuela Millán, excomandante de policía municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales de mayor gravedad que podrían resultar en sentencia de cadena perpetua, incluyendo presunto secuestro y asesinato de informantes.
El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ha rechazado públicamente las acusaciones, afirmando que su actuar siempre ha estado conforme a la ley. Durante un evento en la colonia Loma Rodríguera, defendió su integridad personal e institucional, reiterando su compromiso con la ciudadanía culiacanense.
El sector empresarial expresó preocupación. Martha Reyes Zazueta, dirigente de Coparmex, advirtió sobre el impacto económico negativo que podría derivarse de esta situación, señalando que la incertidumbre podría frenar inversiones en sectores estratégicos como comercio, agricultura y servicios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió las solicitudes de extradición el 28 de abril y las canalizó a la Fiscalía General de la República para evaluación conforme a la legislación nacional. La cancillería determinó que los documentos carecen de elementos probatorios suficientes y prepara un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por violación a cláusulas de confidencialidad establecidas en tratados internacionales.
Enrique Inzunza Cázarez, senador señalado en la acusación, rechazó enfáticamente las imputaciones desde la tribuna del Senado de la República, cuestionando lo que denominó intervención indebida de agentes estadounidenses en asuntos internos de México.
Movimiento Ciudadano en Sinaloa, a través de su presidente estatal Sergio Pío Esquer Peiro, exigió transparencia total, información clara del gobierno estatal y respeto absoluto al estado de derecho, afirmando que las acusaciones no deben ser ignoradas ni minimizadas.
La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, fue más allá en sus demandas, sugiriendo que el gobernador, el alcalde y el senador deberían solicitar licencia a sus cargos para enfrentar conforme a derecho las acusaciones. Esta postura contrasta con el respaldo mostrado por legisladores de Morena como Graciela Domínguez Nava.
Mientras tanto, exfuncionarios como Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa, calificaron la acusación como lógica y previsible, dado el contexto de seguridad en la entidad, aunque aclaró que los señalamientos están dirigidos contra actos de servidores públicos y no contra México como nación.
La Fiscalía General de la República inició una evaluación jurídica detallada de la documentación estadounidense para determinar si existen elementos probatorios suficientes. La institución abrió líneas de investigación propias para recabar datos que permitan corroborar o descartar las acusaciones conforme al marco legal mexicano. Hasta el momento, advierte que la insuficiencia de pruebas limita la posibilidad de solicitar órdenes de aprehensión ante jueces mexicanos.
La situación ha generado una profunda división en la clase política mexicana, oscilando entre quienes demandan la inmediata remoción de los funcionarios señalados y quienes insisten en la necesidad de respetar el debido proceso y exigir pruebas contundentes antes de proceder. Esta tensión refleja un momento de crisis institucional sin precedentes en la política sinaloense contemporánea.
