PROPONEN HOMOLOGAR EL TIPO PENAL DE TORTURA EN LA ENTIDAD.

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Octubre 17, 2019 10:48 hrs.

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Justicia Estados › México Hidalgo


La diputada de Morena Lisset Marcelino Tovar propuso en la sesión 84 del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, una iniciativa que reforma el artículo 322 Bis del Código Penal de la entidad, el objetivo es homologar el tipo penal de tortura en la entidad con las disposiciones establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ya que realizar esto es necesario y más que un acto de responsabilidad legislativa es el reconocimiento de la gravedad de las prácticas que atentan contra la dignidad del ser y que contradicen los principios básicos del Estado de Derecho.

La propuesta considera imponer una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas en ese artículo, así como imponer la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad.

Del mismo modo propone que las víctimas del delito de tortura tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Finalmente indicó que el estado de Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas competencias, es responsable de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de tortura, cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la instigación, autorización o consentimiento de estos, al mismo tiempo mencionó que actualmente el Código Penal hidalguense considera penas de tres a 12 años de prisión y multas de 200 a 500 días, privación del cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada. En cambio, la Ley General considera penas de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, en su artículo 26.

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